Ley N.° 32387 modifica distribución del IGV e IPM, transfiriendo mayor porcentaje a gobiernos locales sin alterar la carga del contribuyente. El desafío ahora es la gestión eficiente.
A partir del 1 de enero de 2026, entra en vigor una de las modificaciones tributarias más significativas para las finanzas locales de los últimos años. La Ley N.° 32387, publicada en junio de 2025, redefine la distribución de la recaudación entre el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), destinando un monto sustancialmente mayor a los gobiernos locales a través del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
El mecanismo es técnico pero de efecto directo: la ley establece un incremento progresivo de la tasa del IPM, que pasará del 2% actual al 4% en el año 2029. De manera paralela y compensatoria, la tasa del IGV se reducirá del 18% al 16% en el mismo periodo. Es crucial destacar que la suma de ambos impuestos, y por lo tanto la carga fiscal total para el consumidor final, se mantendrá inalterada en 18%. No se trata de un aumento de impuestos, sino de una reasignación de los recursos ya recaudados. En la práctica, el Estado central cederá una porción progresivamente mayor de la recaudación total a favor de las municipalidades provinciales y distritales.
El FONCOMUN es el principal mecanismo de transferencia de recursos del gobierno nacional a los locales, y su fortalecimiento busca dotar de mayor autonomía financiera a los municipios, permitiéndoles financiar proyectos de inversión pública, mantenimiento de servicios y obras de desarrollo local con mayor previsibilidad. Los fondos se distribuyen según una fórmula que considera población, necesidades básicas insatisfechas y eficiencia recaudatoria, entre otros factores.
Sin embargo, esta oportunidad conlleva un desafío de proporciones equivalentes: la capacidad de gestión municipal. La medida llega en un contexto donde la ejecución presupuestal y la calidad del gasto público a nivel local han sido objeto de escrutinio y debate. La pregunta que flota en el ambiente es si las municipalidades están preparadas, en términos de planificación, procedimientos, transparencia y control, para administrar eficazmente este incremento en sus recursos. La ciudadanía y los organismos de control deberán vigilar que estos mayores fondos se traduzcan en mejoras tangibles en servicios como limpieza pública, seguridad ciudadana, mantenimiento de vías y espacios públicos, y no se diluyan en gastos corrientes o ineficiencias.
El éxito de esta reforma, celebrada por alcaldes y asociaciones municipales, no se medirá solo por el mayor flujo de caja hacia las comunas, sino por su impacto concreto en la calidad de vida de los vecinos. La balanza entre la oportunidad del mayor recurso y el peso de la responsabilidad en su uso define el nuevo escenario para los gobiernos locales a partir de hoy.
